Este mes de julio se cumplen 50 años de un hito fundamental en la promoción de la organización y participación de la comunidad, la promulgación de la Ley N°16.880 sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias el 19 de julio de 1968.
A través de esta normativa, el gobierno de Eduardo Frei Montalva estableció las bases legales para la existencia de diversas instancias con las cuales la comunidad pudiera capacitarse, organizarse y participar en la solución de sus propios problemas, o agruparse según sus intereses comunes, integrándose al desarrollo general del país.
Los invitamos a conocer las razones por las cuales se crearon estas instancias, así como las características de las organizaciones comunitarias que permanecen vigentes hasta nuestros días.
“Presidente Eduardo Frei Montalva se dirige a los asistentes al acto de Promulgación de la Ley N°16.880 de Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias. Valparaíso, 19 de Julio de 1968”. Archivo CMEFM
“No hay verdadera democracia sin un pueblo organizado y capaz de representarse a sí mismo en los diferentes sectores que constituyen la vida ciudadana. No basta el derecho a voto: el pueblo debe poseer los medios para pesar en el destino de la comunidad nacional.” [2]
Dentro de los ámbitos de acción fundamentales del programa de gobierno de Eduardo Frei Montalva se encontraba la Promoción Popular, que fue definida como un proceso mediante el cual la comunidad local, regional y nacional sería integrada al desarrollo económico y social del país, participando a través de distintas organizaciones creadas para tal efecto.
Pero, ¿qué motiva que la Promoción Popular fuera un aspecto tan importante dentro de su gobierno?
La respuesta la encontramos en la realidad social de aquel entonces, ampliamente debatida por organismos nacionales e internacionales, gubernamentales o no, además de intelectuales y políticos, donde la condición de marginalidad de una parte importante de la población significaba una de las principales preocupaciones.
La marginalidad no siempre se entendió de la misma forma. A principios del siglo XX el concepto se asociaba con el surgimiento de asentamientos en la periferia de las ciudades, generalmente como consecuencia de las migraciones de población desde zonas rurales principalmente. Estos grupos que se trasladaban a las zonas urbanas en busca de oportunidades laborales, en su mayoría se instalaban en los márgenes de las ciudades a falta de condiciones económicas que les permitieran adquirir o arrendar alguna vivienda de mejor calidad.
En América Latina, la crisis iniciada por el desplome de la Bolsa de Nueva York en 1929 desencadenó una serie de problemas económicos en la región, donde la falta empleo fue determinante en el movimiento de población, dando pie al surgimiento de barrios marginales, que en el caso chileno fueron popularmente conocidos como “poblaciones callampas”.
A medida que avanzaba el siglo, sin mayor solución a las condiciones de vida en la periferia de las principales ciudades latinas, la situación se agudizó con la implementación de proyectos de industrialización, que junto a la promesa de progreso y bienestar social provocaron verdaderas avalanchas migratorias a las zonas urbanas por parte de quienes vivían a duras penas de una mermada y muy poco productiva agricultura.
Así, hacia la década de 1940 las malas condiciones de vida de los sectores populares urbanos alcanzaban tal nivel que no sólo se veía en la periferia, sino que era posible de encontrar en el centro de las ciudades. Eso despertó una significativa preocupación como un fenómeno social en diversos sectores políticos e intelectuales, quienes sintieron debía ser incorporado en las políticas públicas de los gobiernos latinoamericanos.
Sin embargo, la crisis de los modelos de industrialización implementados trajo consigo un estancamiento, e incluso retroceso, del Estado de Bienestar promovido en aquellos años para dar respuesta a la precariedad.
De este modo, al llegar la década de 1960 las condiciones de vida de la población latinoamericana en general, y chilena en particular, mostraban una enorme brecha entre los sectores populares y los más acomodados. Algo para nada nuevo, aunque esta vez la marginalidad había alcanzado gran visibilidad como problema social, por lo que tanto en organismos internacionales -como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)-, como en los gobiernos de la época, se planteaban estrategias y posibles soluciones al problema.[3]
En este escenario, la noción de marginalidad se amplió considerablemente, puesto que ya no sólo se restringía a la vida en los barrios periféricos que dieron origen al concepto, con falta o precariedad de las viviendas, condiciones de insalubridad o falta de higiene; sino también a la exclusión o falta de acceso a todos aquellos elementos que se consideraban fundamentales para el desarrollo humano, como la educación, la previsión social, la estabilidad laboral, la salud, la cultura e incluso la participación política.
“Detalle de cartilla de difusión que explica a pobladores y dirigentes el programa de Promoción Popular. Impresos del gobierno durante la presidencia de Eduardo Frei Montalva” Archivo CMEFM
En Chile, el programa de gobierno de Eduardo Frei Montalva abordó el tema de la marginalidad con todos aquellos componentes que se consideraban como elementos de exclusión. Por lo mismo, el problema fue incorporado de forma transversal en cada una de las grandes tareas a las que debía abocarse la gestión durante su mandato presidencial. Porque el trabajo conjunto de cientos de profesionales, políticos e intelectuales en la estructuración del programa, incorporó la Promoción Popular en las políticas económicas, educativas, de justicia social, de participación, de interior y exterior.
Una vez asumido el mando, Frei Montalva y su equipo de gobierno se abocaron al impulso del programa de Promoción Popular, para ello se implementó una Consejería Nacional cuyo principal objetivo fue el de promover y coordinar todas aquellas organizaciones o instancias que surgieran para dar impulso al programa.
Sin embargo, desde sus inicios, el programa en general y la Consejería en particular despertaron un significativo rechazo de la oposición al gobierno, que veía en ello un posible instrumento político que el Partido Demócrata Cristiano podría utilizar tanto para el “intervencionismo electoral”, como para el “adoctrinamiento ideológico”. Dicho rechazo quedó de manifiesto cuando el Ejecutivo incorporó la Consejería Nacional de Promoción Popular dentro del cuerpo de la Ley N°16.880; la tramitación fue dilatándose por no llegar a un acuerdo, con el fin de que el Gobierno retirara el artículo sobre la Consejería, con lo cual la Ley de Juntas de Vecinos sería aprobada sin las bases legales que regularan al organismo base en la coordinación del proceso de Promoción Popular.
Lo anterior no fue impedimento para el impulso de la Promoción Popular, pues incluso sin una ley aprobada, cientos de Juntas de Vecinos, Centros de Madres, Centros de Padres y Apoderados, Clubes Deportivos y demás organizaciones, fueron surgiendo como respuesta a la oportunidad que se le dio a la comunidad de canalizar sus necesidades, participar en decisiones locales o simplemente disfrutar de intereses y/o actividades en común.
“Presidente Eduardo Frei Montalva firma decreto de promulgación de la Ley N°16.880 de Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias. Valparaíso, 19 de Julio de 1968”. Archivo CMEFM
Considerando esto, la promulgación de la Ley de Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias en julio de 1968 significó todo un hito para el gobierno; amparadas en esta ley, las juntas vecinales tendrían una personalidad jurídica que las validaría ante el Estado.
“…como una expresión de solidaridad y organización del pueblo en el ámbito territorial para la defensa permanente de los asociados y como colaboradoras de la autoridad del Estado y de las Municipalidades.”[4]
La idea de incentivar la organización comunitaria buscaba generar un cambio de fondo en la forma en la que se conducían las políticas públicas hasta ese entonces, donde primaban dos ideas muy opuestas entre sí. Por un lado, de que el Estado debía asumir un rol paternalista frente a los problemas sociales, mientras por otro, el del excesivo individualismo con el que la propia sociedad enfrentaba sus problemas. En cambio, la propuesta del gobierno de Frei Montalva apuntaba al trabajo colectivo y donde el Estado sería un promotor del bien común a través de la capacitación y asesorías para socios y dirigentes, además del equipamiento urbano y de servicios para la comunidad organizada.
Como resultado de la serie de iniciativas incluidas en el programa de Promoción Popular, se pudieron abordar diversos problemas que afectaban a la comunidad, muchos de ellos relacionados con las condiciones de marginalidad en la que se veía a los sectores más pobres, como mencionamos al inicio de este artículo. Se pavimentaron decenas de miles de metros de veredas y calzadas en diferentes barrios a lo largo del país. También se abasteció de servicios básicos, como agua potable, beneficiando a cientos de miles de habitantes. Algunos ejemplos de estas políticas públicas se materializaron en poblaciones como Nueva Matucana, La Feria, Lo Valledor Sur y José María Caro en la ciudad de Santiago.
“Comunicado de prensa de la Oficina Nacional de la mujer anunciando la inauguración de taller de capacitación de costura industrial. Julio 1970”. Archivo CMEFM
Miles de familias se vieron beneficiadas al gestionar la solución de diversos problemas a través de sus organizaciones comunitarias. Las casi 500 mil mujeres agrupadas en los Centros de Madres participaron en cursos sobre nutrición, confección de vestuario y peluquería, que les abrieron nuevas oportunidades laborales; accedieron a herramientas de trabajo como máquinas de coser a precio costo y con facilidades de pago, además de los insumos asociados, como telas, hilos y otros; formaron cooperativas a través de las cuales se les encargó vestuario a diferentes instituciones estatales a cambio de una remuneración. Del mismo modo, entre 1965 y 1968 más de un millón de personas se capacitaron a través de las asesorías que entregó la Consejería Nacional de Promoción Popular en materias relacionadas con electricidad, carpintería o mecánica, además de las ya mencionadas para las mujeres en los Centros de Madres.[5]
En total, las más de 19 mil organizaciones comunitarias incentivaron la integración de miles de chilenos a la comunidad nacional y al desarrollo del país; mientras, los más de 500 mil nuevos sindicatos permitieron a los trabajadores expresar sus necesidades y gestionar las soluciones ya fuera junto a sus empleadores o las autoridades.
“Presidente Eduardo Frei Montalva disfruta de un tradicional mote con huesillos ofrecido por mujeres en una exposición de Centros de Madres de Temuco, 1970”. Archivo CMEFM
Sin lugar a duda, la Promoción Popular tuvo un significativo impacto en la sociedad, fácilmente cuantificable en la gran cantidad de obras que se realizaron gracias al trabajo conjunto entre las organizaciones comunitarias y el Estado, de las cuales sólo hemos mencionado algunos resultados. Existe un legado hasta nuestros días, estrechamente ligado a la promulgación de la Ley N°16.880 de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias a la que nos hemos referido en su cincuentenario, y es el profundo cambio social que dio inicio al fin de la exclusión de casi el 50% de la sociedad chilena que no sólo vivía en condiciones de marginalidad, sino que además permanecía ajena a las decisiones y beneficios de una sociedad democrática. Y es que tomaron conciencia no sólo de sus derechos, si no también de sus responsabilidades, en la búsqueda del tan anhelado bien común.
“Ha nacido y se ha consolidado una vasta red de organizaciones populares cada vez más representativas de toda la población que conduce a eliminar la marginalidad material y espiritual. En una palabra, a través de la Promoción Popular se han dado los primeros y grandes pasos para abrir el camino a la constitución de una comunidad nacional consciente de sí misma, cuyas iniciativas organizadas surjan de las raíces profundas y naturales de nuestra vida social y aseguren una auténtica participación popular. Sin esta etapa previa su enunciado habría carecido de sentido.” [6]
[1] Discurso al anunciar programa de promoción popular (10-12-1964). En Discursos del Presidente Frei, p 20
[2] Ibidem. p 21
[3] Montalva Díaz, Pía y Uarac Gral, Yalile. Promoción popular: “El pueblo organizado”. En Eduardo Frei Montalva: Fe, política y cambio social. Biblioteca del Congreso Nacional. Santiago, 2013.
[4] Ley N°16.880 de Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias. Artículo 1°.
[5] Montalva Díaz, Pía y Uarac Gral, Yalile. Op. cit.
[6] Mensaje Presidencial, 21 de mayo de 1970. p.: 79
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