Uno de los pilares fundamentales del programa que presentó la candidatura de Eduardo Frei Montalva (EFM), y que impulsó tras ganar las elecciones en septiembre de 1964, fue la chilenización del cobre.
Este concepto aludía a una forma inédita de participación del Estado en la gran minería, mediante la cual Chile pasaría a tener un mayor control sobre las minas que ya se encontraban en funcionamiento y que, hasta ese momento, eran de propiedad íntegramente extranjera. Entre ellas se encontraban Braden Copper Co., de Kennecott, dueña de la mina El Teniente; Chile Exploration Co., de Anaconda, dueña de Chuquicamata, y Andes Minin Co., que a partir de 1960 empezó a funcionar en la mina de El Salvador, que ya funcionaba en Potrillos.
Si bien en gobiernos anteriores ya existía una preocupación por aprovechar de mejor manera el cobre —ejemplo de ello fue la creación del Departamento del Cobre en 1955—, durante la administración de Frei Montalva se buscó un cambio estructural que permitiera al país no solo convertirse en el mayor productor mundial, sino también en propietario mayoritario de este recurso estratégico.
Así, a tan solo siete semanas de asumir la presidencia, Eduardo Frei Montalva pronunció un discurso el 21 de diciembre de 1964 para presentar el proyecto de ley que enviaría al Congreso Nacional. En él abordó, entre otros aspectos, la dimensión social de la iniciativa, señalando la necesidad de crear una organización que velara por su desarrollo y cumplimiento: la Confederación de Trabajadores del Cobre.
Los aspectos sociales contemplados apuntaban en términos generales, a mejoras en las condiciones laborales y de vida de los trabajadores. Un ejemplo clave fue la situación de las viviendas en las zonas mineras, donde muchos campamentos carecían de condiciones dignas. La propuesta consideraba la construcción de viviendas permanentes, no solo para los trabajadores, sino también para sus familias, con la posibilidad de que estas pudieran ser adquiridas a futuro. De este modo, se buscaba fomentar la aparición de servicios básicos, como educación y salud, fortaleciendo la vida comunitaria y el sentido de pertenencia en estas localidades.
En cuanto al núcleo económico de la propuesta, su finalidad era sacar al país del estancamiento económico que atravesaba, aprovechando la riqueza mineral del cobre para financiar otros proyectos gubernamentales y promover el desarrollo nacional.
En el mismo discurso, Frei Montalva señaló que “mi gobierno ha propuesto, por primera vez, dar a toda la minería —grande, mediana y pequeña; nacional y extranjera— un mismo estatuto legal, económico, de importaciones y de cambios internacionales, y las mismas garantías y franquicias”.
El proyecto se estructuraba en torno a tres ejes principales:
– Primero, que el Estado asumiera un rol activo en la industria cuprífera.
– Segundo, la expansión de la producción de cobre mediante un significativo aporte de capital extranjero, acompañado de un nuevo trato tributario con las empresas foráneas.
– Tercero, la creación de una organización internacional que reuniera a países productores y exportadores de cobre, como Zambia, Zaire y Perú.
Ante la interrogante de por qué estas empresas y países estarían dispuestos a colaborar con un país que aún debía fortalecer su experiencia en comercialización del cobre, el propio Frei Montalva ofreció una respuesta clara. Además de los cambios en materia tributaria y de utilidades, destacó que Chile era un país que cumplía “los compromisos que contrae y las garantías que otorga”. Este compromiso se resumía en cuatro puntos: el pago y ejecución de los aportes y la participación activa en el financiamiento de los inversionistas; la estabilidad del régimen tributario y de retornos, condición esencial para evaluar el desarrollo financiero de estas grandes inversiones; la garantía de no discriminación adversa frente a otras actividades económicas nacionales; y, finalmente, franquicias aduaneras para la importación de equipos y materiales no disponibles en el país, conforme a la legislación vigente.
Por estas razones, resultaba fundamental proyectar a Chile ante el mundo como un país productor de cobre, restablecer relaciones diplomáticas interrumpidas y fortalecer vínculos con otros Estados para enfrentar de manera conjunta los desafíos del mercado internacional.
El Congreso Nacional tardó cerca de un año en revisar y promulgar la ley, lo que finalmente se concretó el 26 de enero de 1966. Sin embargo, pese a la satisfacción de los sectores más cercanos al gobierno, el proceso estuvo marcado por conflictos, especialmente con la fuerza laboral vinculada al cobre.
Desde 1965, diversas agrupaciones de trabajadores iniciaron huelgas debido a desacuerdos en el pago de bonos, lo que mantuvo varias minas paralizadas durante aproximadamente cinco meses y afectó la producción. Aun así, como señaló Frei Montalva en sus mensajes presidenciales del 21 de mayo “si bien las ganancias disminuyeron, se logró mantener un nivel suficiente para continuar participando activamente en el mercado mundial del cobre”.
Estos episodios han sido interpretados de distintas maneras: algunos los atribuyen a desigualdades estructurales que podían ser corregidas, mientras que otros los consideran resultado de la influencia de sectores políticos contrarios a la nueva ley y a los cambios que esta proponía.
Pese a las dificultades, el proceso de chilenización del cobre arrojó resultados positivos. Entre ellos, la posibilidad de que Chile se convirtiera en propietario mayoritario de las minas, gracias a los convenios firmados con las empresas extranjeras mientras el proyecto era debatido en el Congreso; la creación de una organización internacional destinada a fortalecer a los países productores —el Consejo Intergubernamental de los Países Exportadores de Cobre—; y la proyección de una industria nacional capaz no solo de extraer y vender cobre, sino también de transformarlo en productos elaborados.
Referencias
Comentarios cerrados.
